Según las encuestas el 46 por ciento de los españoles no pueden ahorrar nada, por causa de sus problemas económicos. Lo que representa casi la mitad de las familias. Es un porcentaje muy alto, a mi juicio, demasiado elevado. La desigualdad económica sigue, o aumenta de nivel, en vez de disminuir. Lo que significa que los problemas económicos graves son lo habitual para, prácticamente, la mitad de los hogares de nuestro país. Si se considera también que un 12 por ciento no logra ahorrar más de 1.000 euros al año.

El origen de esta problemática situación económica en millones de ciudadanos es el desempleo, y las reducciones salariales. Y si a esto se añaden los trabajos precarios, y la mala calidad del trabajo que se oferta en muchos casos, el panorama es desolador. Si pensamos en la economía sumergida y el fraude fiscal, las cosas se complican todavía más.

A todo esto puede unirse la situación de los pensionistas, con unas pensiones que suben entre uno o dos euros, aproximadamente, al año, lo que da la risa, por decirlo de alguna manera. Considerando lo que suben los precios de los productos y servicios, anualmente, y otros datos económicos relevantes, se produce una pérdida galopante del poder adquisitivo de los jubilados. Algo extensible a muchos sueldos de personas activas en el mercado laboral que están estancados.

Parece que un par de artículos constitucionales son simplemente simbólicos, porque no se ve un reflejo de los mismos en la realidad social española. Me refiero al artículo 128 que dice en su punto primero: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Y en el 131, también en el primer punto, se habla de estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Ambos artículos son una especie de principios generales abstractos, que no han sido aplicados en la sociedad, y tampoco en la microeconomía de nuestro país, por los sucesivos gobiernos democráticos hasta ahora.

Lo que, en mi opinión, se debería hacer para aplicar el espíritu constitucional en lo relativo a una mayor igualdad económica es, por ejemplo, limitar de alguna forma los excesivos beneficios de los bancos, y de las grandes empresas, etc. Recuperar las ingentes cantidades de dinero robadas a los ciudadanos, por las prácticas corruptas descubiertas en el ámbito político y empresarial, etc. También sería necesaria, una nueva legislación laboral, que proteja más a los trabajadores frente a las empresas, en la totalidad de los aspectos, ya que son la parte más débil en la negociación.
En definitiva, la igualdad ante la ley es un valor reconocido en la Constitución española, pero que debe ser concretado también con políticas económicas que impulsen una reducción de las desigualdades económicas excesivas entre los ciudadanos.

Es revelador saber que un 20 por ciento de los españoles se ha retrasado en el pago de su hipoteca, o de sus impuestos. Y también da una idea clara de la situación económica en la que viven numerosas familias, pensar que, en el 69 por ciento de los hogares, se producen frecuentes discusiones por la falta de dinero para llegar a final de mes. Y, ya no hablo de los niños que se tienen que conformar con una sola comida al día, por la escasez de recursos económicos de sus padres. Situación solventada por organizaciones que dan comida a esos menores, etc. Como es el caso en Gijón de la ONG Ningún niño sin cenar que realiza una labor formidable.