La Conferencia Católica de Virginia, la rama política de los obispos católicos de ese estado, emitieron un correo electrónico el 7 de febrero instando a los católicos a registrar su oposición a la pena de muerte, especialmente cuando se aplica como electrocución. Al declarar que la doctrina católica se opone a la pena de muerte, los obispos escribieron: “El gobierno no debería quitarle la vida a nadie, cuando la sociedad se puede proteger a sí misma por otros medios.  Nos oponemos a que el gobierno ejecute a las personas condenadas utilizando cualquier método, pero el proyecto del senado SB 607 merece nuestra especial atención ya que la electrocución es un método especialmente barbárico”.

La misiva de los obispos se refiere a un proyecto que será analizado en breve en el senado del estado de Virginia. Se debe hacer notar que hay varios fabricantes que han dejado de vender drogas a los gobiernos que las utilizan para quitarles la vida a los criminales convictos aplicándoles inyecciones letales. “En estos momentos, el Departamento Correccional de Virginia carece de drogas que son necesarias para ejecutar por inyección letal. Según los términos de la ley actual, y aunque las personas que se enfrentan con la pena de muerte pueden ostensiblemente elegir entre la inyección letal o la electrocución como forma de muerte, debido a que las drogas letales necesarias ya no están disponibles, la electrocución es ahora el único método”.

Los Demócratas en el Senado de Virginia tuvieron éxito en enviar el proyecto de ley de regreso al comité el 6 de febrero debido a las objeciones de los Republicanos. Se devolvió al comité con una votación de 21 – 19. con los Demócratas y un Republicano votando por la mayoría. El Senador Mark Obenshain emitió el único voto Republicano; el (él) se había postulado como candidato para procurador general del estado en el año 2013 anunciando que estaba a favor de la pena de muerte. Los demócratas argumentaron que al enviar el proyecto SB607 al comité de la corte era un acto prudente para evitar controversias legales sobre la base de una prohibición constitucional con respecto a castigos crueles e inusuales. Según los informes locales, Richard Saslaw (D), el Líder de la Mayoría del Senado de Virginia temía que pudieran surgir problemas constitucionales para que se apruebe el proyecto de ley y dijo que “se sentiría mejor si los abogados lo estudian”.

Hubo debates entre los integrantes de los respectivos cónclaves, algunos de los cuales habían sufrido la pérdida de familiares que habían sido asesinados. Bill Carrico, republicano y patrocinador del proyecto SB607, vio esta demora como una excusa por parte de los demócratas para invalidar su proyecto.  Él recordó que había perdido integrantes de su familia que fueron víctimas de violencia; Carrico le pidió a la cámara que considere los sentimientos de las víctimas de crímenes violentos que están esperando que se les apliquen sentencias de muerte a los autores. Sin embargo, la Senadora Janet Howell (D) y la Senadora Louise Lucas (D), quienes también han perdido familiares que han sido asesinados, estuvieron en desacuerdo. “La pena de muerte no es buena para todas las víctimas”, dijo la Senadora Howell, quien agregó que “es algo que dividió a mi familia” cuando los familiares se enfrentaron con este tema.

El Republicano Obenshain, quien había estado a favor de la legislación de pena de muerte en el pasado, dijo que no está persuadido acerca de la necesidad de SB607 sobre la base de la falta de drogas.

El Catecismo de la Iglesia Católica, que fue promulgado en tiempos del Papa Juan Pablo II, dice que los gobiernos tienen “el derecho y el deber de aplicar penas en proporción a la gravedad del delito. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden producido como consecuencia del delito. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere el valor de expiación”. Y sigue diciendo “Supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, las enseñanzas tradicionales de la Iglesia no excluyen el recurso a la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas”.

No obstante, dice el Catecismo “si los medios no letales bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y están más en concordancia con la dignidad de la persona humana. Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario ejecutar al reo ‘suceden muy rara vez, por no decir  que son prácticamente inexistentes.

Solo en el siglo XIX hubo numerosas ejecuciones impuestas por las autoridades del Vaticano en Roma y en los Estados Papales. Estas fueron el resultado de condenas por crímenes civiles que incluyeron asesinato, insurrección, robo y robo a mano armada. Muchos de estos reos fueron colgados o guillotinados.  El último ejecutado fue Agatino Bellomo, que fue ejecutado justo dos meses antes de que los ejércitos italianos tomaran el Vaticano en 1870. El más conocido de los verdugos papales fue Giovanni Battista Bugatti, quien desempeño fielmente sus funciones entre 1796 y 1861. Se registraron 516 ejecuciones efectuadas por Bugatti.

En 2013, las empresas europeas que fabrican el coctél de tres drogas que se utilizan para la ejecución de los condenados han dejado de vender sus productos a EE.UU. sobre la base de consideraciones éticas. Los 32 estados que utilizan la inyección legal u otros medios de suprimir la vida están considerando sus opciones. Texas, Georgia, Missouri, Ohio y otros estados han decidido utilizar drogas que están formuladas por instalaciones farmacéuticas no reguladas. En un caso reciente, las drogas que se utilizaron para ejecutar a un hombre condenado ocasionaron protestas entre los activistas de derechos humanos. En enero de 2014, Ohio ejecutó a Dennis McGuire, quien había sido condenado a muerte. El asesino condenado estuvo unos 26 minutos jadeando y resoplando después de que se le aplicó la inyección supuestamente letal. “Nadie se merece pasar por esto” dijo el hijo del convicto, quien también se llama Dennis McGuire. Nadie sabe si McGuire padre sufrió durante esta dura experiencia.  Actualmente Ohio está revisando lo que pasó durante la ejecución de McGuire.  El estado utilizó un cóctel que nunca se había usado antes como sedante y analgésico para terminar con la vida de McGuire.