El relato oficial dice que entre la muerte de Franco en 1975 y el fallido golpe de Estado de Tejero (23 de febrero de 1981), España sería una Arcadia idílica (de apellido Transición), en la que los líderes de la oposición al régimen de Franco y los reformistas del interior pactaron una agenda para preparar al Estado español para su anhelada entrada en Europa así como garantizar la democracia y el progreso generalizado, todo ello bajo la supervisión del rey Juan Carlos I como valedor de la balbuciente democracia.

Sin embargo, al cabo de 4 décadas,la crisis económica , la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el creciente descrédito de la institución Monárquica han hecho revisar tales esquemas, incluida la tesis de la supuesta reconciliación nacional propagada por la “mass media” de la época de la Transición , todavía pendiente de su finiquito legal. Así, el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha concluido en su informe preliminar que “el Estado español debería asumir la tarea de esclarecer las más de 114.000 desapariciones forzadas que se produjeron en España durante la guerra civil y la dictadura franquista” y ha lamentado que no haya “ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada”, lo que atribuyen a “una combinación de diversos factores, como la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977”, (conocida como Ley de la Reconciliación en la terminología transicionista).

Recordar que dicha Ley disponía que quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad política así como los delitos y faltas tipificados en las leyes franquistas que pudieran haber cometido sus opositores, pero no entraba a valorar los delitos que hubieran podido cometerse por la dictadura al no estar tipificados como tales en las entonces leyes vigentes y a pesar de haber sido solicitada su derogación por varias asociaciones de juristas, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmado que “no tiene ninguna intención de derogar la Ley de Amnistía de 1977 , pues es el gran acuerdo de la Transición”.
Parafraseando a Wright Mills en su libro “The Power Elite (1.956), el establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial,política, militar, jerarquía católica,universitaria y mass media del Estado español que serían los herederos naturales del legado del General Franco y que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), iniciando asimismo una deriva totalitaria que habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación del “Estado Tardofranquista”.

Recordar que el bipartidismo establecido en el acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981), tuvo su culminación con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González ( 1.982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema, mediante la implementación del llamado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia” contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL). Dichos grupos, creados y dirigidos por altos funcionarios del Ministerio del Interior, estaban financiados mediante los llamados Fondos Reservados y estuvieron activos desde 1983 hasta 1987, siendo responsables de 23 asesinatos confesos muchos de los cuales serían tan sólo víctimas colaterales sin relación alguna con “la banda terrorista ETA”.

Ya en 1.989, el Comité de Encuesta sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Europa (CEDRI), elaboró un duro manifiesto en el que denunciaba la deriva totalitaria y el “terrorismo de Estado” implementado por el Gobierno de Felipe González con las siguientes palabras: “el GAL con su cadena de crímenes, su impunidad y sus evidentes raíces en las más altas instancias del Estado, descubren los cimientos enfermos de la democracia española y la verdadera credibilidad de sus instituciones y gobernantes”.

La trama del GAL se destapó gracias a las pesquisas de periodistas del Deia, Diario16 y del Mundo. Así, este periódico, fundado por Pedro J. Ramírez, publicó una noticia en la que afirmaba que el comisario Amedo ( implicado en dicha trama y posteriormente condenado junto con el entonces Ministro del Interior , José Barrionuevo, Rafael Vera, Miguel Planchuelo, Michel Domínguez, Julián San Cristóbal y el dirigente socialista vasco García Damborenea), habría entregado varios documentos relacionados con los atentados contra dos bares del País Vasco-Francés (Iparralde), atribuidos al GAL y que implicarían directamente a responsables políticos y policiales. Posteriormente, en el juicio contra Planchuelo, Amedo afirmó que “los GAL fueron decisión de Felipe Gónzalez”, aunque nunca se pudo probar que el misterioso “Señor X” que desde la sombra movió los hilos del GAL y que al descubrirse la trama los abandonó a su suerte (aunque tan sólo habrían cumplido el 5% del total de su condena), fuera el entonces Presidente del Gobierno Felipe González, devenido en la actualidad en relaciones públicas y analista económico.

Sede del Ayuntamiento, Madrid

José Manuel Bandrés en el artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, afirma que “con la entrada en vigor el 4 de enero del 1985 de la llamada Ley antiterrorista asistimos a la aplicación de facto del estado de excepción encubierto, al servirse del artículo 55.2 de la Constitución (que sirve de precepto habilitante para que el legislador estatal pueda entrar a restringir los derechos fundamentales en casos relacionados con elementos terroristas) para vulnerar los artículos 17.2 (derecho de los ciudadanos a que la duración máxima de la detención policial dure 72 horas), 18.2 (derecho a la inviolabilidad del domicilio, salvo resolución judicial o flagrante delito) y 18.3 (derecho al secreto de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas, salvo resolución judicial  así como los artículos 20 (libertad de opinión y el derecho a la información), 21 (derecho de reunión), 22 (derecho de asociación), 23 (derecho a acceder a un cargo público), 24 (tutela efectiva de los tribunales) y 14 (principio de igualdad y derecho)”, lo que sólo sería un hito más en la deriva totalitaria del fallido sistema democrático español.

La Ley Anti-terrorista todavía vigente, sería pues un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.

Dicha Ley Antiterrorista habría sido blanco de las críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al denunciar que “la mayoría de los detenidos no puedan identificar a los presuntos autores de los abusos al serles vendados los ojos durante los interrogatorios”;de Amnistía Internacional( AI) al denunciar “el escaso número de denuncias de torturas que terminan en condenas” y de la Defensora del Pueblo al señalar que “ los agentes implicados en los interrogatorios se dirigen en ocasiones a los abogados de los detenidos portando capuchas”.

Por su parte, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha hecho público un informe donde constata que “el excesivo período de incomunicación de los detenidos en el marco de la Ley Antiterrorista (5 días), propicia un espacio de inmunidad para el ejercicio de la tortura”, cadena de inmunidad que tendría su último eslabón en el recurso jurídico del indulto gubernamental. Así, un estudio publicado en diciembre de 2004 por Amnistía Internacional señalaba que desde 1980 se habían producido unas 450 sentencias relativas a torturas,(de las que poco más de 90 fueron condenatorias) y al menos 33 guardias civiles y policías condenados en firme por torturas habrían sido indultados por los diversos gobiernos españoles. Como paradigma, citaremos el caso del ex-coronel de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, condenado en abril del 2000 a 71 años de prisión por su implicación en el secuestro y asesinato de los presuntos etarras Lasa y Zabala y que tras pasar 4 años en prisión habría ya obtenido la libertad condicional, por lo que Muiznieks denuncia que “dichos indultos sabotean los esfuerzos encaminados a combatir la tortura y menoscaban los principios fundamentales del Estado de derecho”.
Esta deriva totalitaria del Estado español habría sido reiteradamente denunciada tanto por Amnistía Internacional como por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, organismo que se pronunció específicamente sobre el indulto a los torturadores de Kepa Urra, señalando que “ dicha medida tendría el efecto práctico de otorgar impunidad a la tortura y alentar su repetición” denunciado además al Estado español por “haber infringido sus obligaciones de prevenir y sancionar los actos de tortura”, todo lo cual sería un reflejo nítido de la deriva totalitaria del Estado Español hacia un Estado distópico.

La distopía del Estado español

El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”.Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso , en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas, síntomas todos ellos de una posterior deriva totalitaria del sistema.
Asistiríamos pues a la progresiva implementación del nuevo Estado Tardofranquista que beberá de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas y vendrá refrendado por iniciativas como la aprobación de la nueva Ley de Educación (Lomce);el rechazo del Grupo Popular a la proposición no de ley de IU para “sancionar penalmente los actos de apología de la dictadura franquista así como la actividad delictiva de los grupos de ultraderecha”, la implementación de la censura en Internet tras el cierre decretado por la AN de la web “Ateak Ireki” y la previsible modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de huelga, reunión y manifestación.

Así, no sería descartable la próxima modificación de la actual Ley de Huelga a petición de la CEOE y una nueva y agresiva reforma del Código Penal, en la que se penalizará la resistencia a la autoridad (tanto activa como pasiva) y la convocatoria de concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación, (incluido Internet y las redes sociales como Facebook, Twitter), con el objetivo inequívoco de hacer realidad la frase de Fraga en su etapa de Ministro de la Gobernación del régimen franquista (“La calle es mía”) aunado con la adopción en las ciudades gobernadas por el PP como Madrid, de medidas anticívicas calcadas de la Ley franquista de Buen Gobierno (1948) y la posterior implantación en todo el Estado español de un clon de la Ley de Vagos y Maleantes (ley nacida en la II República y adoptada por aclamación por el régimen franquista).

Finalmente, asistiremos a la implementación de la Doctrina Aznar que tendría como ejes principales la culminación de la “derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa” y el mantenimiento de la “unidad indisoluble de España “, lo que se traducirá en el finiquito de la representación institucional lograda por EH Bildu en base al apoyo popular mediante la ilegalización del partido abertzale Sortu (tras la remisión por UPyD a la Fiscalía del TSJPV de una denuncia penal contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, al que acusa de “justificar y reivindicar la actuación de ETA”) y en la prohibición de la celebración del referéndum sobre la independencia en Cataluña, medidas que conllevarán el final de la más larga experiencia seudodemocrática de la historia del Estado española (35 años).