Ya ha comenzado el pasado jueves la campaña por el sí a la independencia. Y el Gobierno no ha podido impedirlo, ya que el primer acto se ha celebrado de forma pública y con miles de asistentes. Esto supone un mal precedente. Es un mal síntoma, en mi opinión.

Y aunque hasta el Fiscal General del Estado no excluye las detenciones y dice: «Hay varias cosas a considerar, pero el tema de pedir prisiones yo no lo excluyo en absoluto». Da la clara impresión de que a pesar del extraordinario esfuerzo que realizan las fuerzas de seguridad que intervienen más de 1,3 millones de carteles y folletos del 1-0 no es suficiente, porque los incumplimientos de lo que dicen las  leyes son abundantes y continuos por parte de los independentistas.

Y siendo verdad que la policía debe actuar con proporcionalidad para mantener el orden público creo que se tendrían que haber tomado medidas más contundentes.

También considero que debería haber una dirección política por parte del Gobierno central respecto a la actuación de las fuerzas policiales  para que no se celebren actos de campaña sobre la consulta ilegal del 1 de octubre. Ya ha sido detenido un militante de la CUP por agredir un agente. Esperemos que no surja la violencia a medida que se acerca la fecha del referéndum y en los días y meses siguientes. Porque, en ese caso, el Gobierno también podría utilizar la fuerza de una manera que fuera ajustada a derecho.

El falso victimismo parece que se está instalando en una parte de los independentistas. No existe ningún tipo de represión. Lo que no puede ser es que los que se saltan la ley queden impunes. Además, se dicen cosas falsas, ya que el derecho internacional no justifica o ampara la celebración de un referéndum inconstitucional y contrario a nuestro ordenamiento legal vigente.  Es la ceremonia de la confusión. Que, tal vez, le esté dando buenos resultados al secesionismo. Ya que una parte de los ciudadanos pueden creerse estas falsedades, porque se repiten como si fueran verdades.

La consulta tampoco es una imposición del pueblo catalán, porque más de la mitad de la población catalana no quiere ser una república independiente de España.

Y no existe una legitimidad internacional del derecho a decidir como sostiene el bloque secesionista. Porque es un disfraz que tapa el deseo de lograr la aprobación de la independencia de la forma que sea. Como escribió hace varios años Francisco Rodríguez Adrados: «No se puede poner a votación  lo prohibido por la Constitución, que en su artículo 2 habla de la indisoluble unidad de la nación española». Es evidente que se trata de una lucha por el poder de los partidos que son partidarios de la independencia. Quieren conseguir que su República catalana se constituya y de esta manera logren dominar la sociedad catalana a su gusto.

Impondrán, si lo consiguen, a más de la mitad de la población catalana sus planteamientos,  lo que supone borrar, casi totalmente, la cultura española presente en Cataluña.

Es como, si el resto de los españoles no contásemos en todo este embrollo del secesionismo. Y somos parte afectada también. Por el tipo de razonamiento que emplea el independentismo las dieciséis comunidades autónomas restantes podrían realizar un referéndum e independizarse. Serían diecisiete estados dentro del territorio español. Un sinsentido.

Además, cerca de un millar de artistas en intelectuales han firmado un manifiesto titulado: 1-0 Estafa antidemocrática. El título es muy claro y no se precisan muchos comentarios, si se considera lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Parlament catalán. Es evidente que la consulta es un engaño a los ciudadanos y una trampa por razones de mucho peso y muy sólidas.