Son absolutamente necesarias ayudas económicas y alimentarias para todos las que las necesiten en nuestro país.  Además del ingreso vital mínimo que llegará a unos tres millones de personas es imprescindible pensar que hay más de 12 millones de personas que están en situación de pobreza o exclusión social antes del coronavirus. Ahora esa cifra será de más de quince millones.

En Cáritas se verán desbordados en las próximas semanas o meses, si no lo están ya. Con las ayudas económicas que propone el Gobierno no se cubren las necesidades alimentarias de más de nueve millones de personas.

España tiene 47 millones de habitantes y un 25% de la población está en situación de pobreza y este porcentaje está aumentando con la devastación económica que está causando la pandemia.

Si no se ataja lo que está sucediendo con las consecuencias de la tremenda crisis económica, por causa de un confinamiento que es necesario, podemos llegar a ver y padecer una tensión social insoportable, con un aumento notable de la inseguridad y un incremento considerable de robos y delitos. Porque el hambre  y la necesidad son unas  fuerzas imparables.

Estamos viviendo una situación excepcional.

Es absolutamente indispensable que se produzcan más alimentos con más fábricas trabajando y que se donen una buena parte de los alimentos para las personas que los precisen de una forma urgente. Ya hay en España almacenes de víveres desbordados y que no tienen quien les pueda abastecer y sin forma de seguir adelante.

El ingreso  mínimo  vital que quiere aprobar el Gobierno oscilará, parece ser, entre 500 y 900 euros, según los hijos a cargo del perceptor  y tendrá, según se está diciendo, carácter definitivo, no solo mientras dure la pandemia y será complementario hasta un tope, con las ayudas suplementarias que proporcionan las Comunidades Autónomas. Y parece que se cobrará a partir de junio.

El Gobierno central está cruzando los datos fiscales y de renta  de la Agencia Tributaria con los de la Seguridad Social para saber el volumen real de ayudas económicas y conocer el número real de personas que necesitan verdaderamente el ingreso mínimo.  Lo que ocurre es que estos datos son claramente insuficientes para darse cuenta de la enorme magnitud del problema social causado por la situación de pobreza.

El coronavirus deja sin ingresos a entre dos y cuatro millones de trabajadores que trabajan en negro. Estas personas también tienen que comer y vivir con algún ingreso. Además, familias monoparentales, mujeres, niños y mayores de 65 años tienen mayores riesgos de sufrir grandes dificultades para poder sobrevivir.

Los Derechos Humanos son el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales de todos. La Constitución española es también la expresión legal de los mismos.  Por tanto, lo que se requiere del Gobierno, a mi juicio, es que ponga todos los medios para atender las necesidades económicas de todos los españoles.

Da igual que sean más de 15 millones los que estén en situación de exclusión social por pobreza, porque hay que ayudar económicamente a todos. Si no se hace esto me parece que va a haber un estallido social sin precedentes y pueden aumentar hasta niveles  altos la delincuencia  y la violencia en nuestra sociedad. Esperemos que esto no ocurra en los próximos meses, pero es algo, en mi opinión, a tener muy en cuenta.

Se trata de no dejar atrás a nadie, algo ya dicho por el Presidente Sánchez, pero que tiene que ser algo real y efectivo y también comprobable. Las demoras a la hora de recibir el ingreso mínimo vital no tienen que producirse, porque puede llegarse a una situación social muy dura y caótica, con las consecuencias que ello conlleva. Además, es una cuestión de justicia social y que es de sentido común también. Vivimos en un Estado de Derecho en el que impera la ley.

Los ciudadanos no pueden tolerar que la sociedad, por causa del coronavirus, se convierta, en parte, en  una selva caótica y violenta. Y la forma de evitar esto es que el Gobierno central, que dirige el país, extienda el ingreso mínimo vital sin importar el número de millones de ciudadanos a los que tenga que asistir económicamente. Lo prioritario  y básico es garantizar  la alimentación y la subsistencia de todos.

Los requisitos o condiciones para poder acceder al ingreso mínimo vital  no deberían fijarse al margen de la existencia real de  más de cuatro millones de personas que forman parte de la economía sumergida y de quince millones de seres humanos en situación de pobreza en España.