La maternidad de alquiler, más conocida como vientres de alquiler no constituye ningún progreso ni avance social. Por el contrario, es una nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de personas que convierte a los niños en productos comerciales. Supone una flagrante violación de la dignidad tanto de la madre, como del niño.

Se intenta presentar a los vientres de alquiler, la maternidad subrogada, como una forma más de reproducción asistida, como un tratamiento altruista, para paliar la infertilidad y ayudar a las esposos que no pueden tener hijos dándoles la oportunidad de poder realizar el sueño de ser padres. Pero la realidad es bien distinta. Pueden llegar a ser 6 adultos los que reclamen la paternidad de cada bebé nacido de un vientre de alquiler: la madre genética o biológica (donante de óvulos), la madre gestante (el vientre de alquiler), la mujer que ha encargado el bebé, el padre genético (el donante de esperma), el marido de la madre gestante ( que tiene la presunción de paternidad), y el hombre que ha encargado el bebé. Todo ello, aparte de ser fuente de más que probables conflictos jurídicos, impide al niño conocer su origen e identidad tal y como establecen los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por otra parte, los contratos de subrogación son, sin duda una manera de explotación de la mujer que vende o alquila su cuerpo por dinero, o por algún tipo de compensación. Los Estados que admiten expresamente la gestación subrogada en su ordenamiento jurídico son Estados Unidos, México, Rusia, Ucrania, Georgia y Kazajistán. Mientras que, en Europa, la maternidad de alquiler está prohibida en la mayor parte de los países, ésta es una actividad comercial en auge en un buen número de países de todo el mundo en los que las agencias se lucran a costa del sufrimiento de los padres infértiles y la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones desfavorecidas, desarrollándose todo un negocio de selección y proceso de calidad de mujeres y posibles futuros bebés.