El país se encuentra en un punto de quiebre en materia de seguridad nacional, luego de las ejecuciones de 15 civiles en las calles de Reynosa, Tamaulipas a manos del crimen organizado.

La muerte de civiles ultimados al azar como una forma de sembrar el terror frente a la lucha interna y descarnada de los cárteles del  narcotráfico en el norte del país, evidencia la falta de control y acciones para contener a la delincuencia organizada que hoy gobierna el país de manera paralela con la llamada cuarta transformación.

Resultan risibles las declaraciones dominicales del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien se ufana de señalar la paz, tranquilidad y gobernabilidad en la que se haya un país que sólo él puede percibir desde su óptica palaciega.

La guerra y reacomodo entre los cárteles de la droga en México se encuentra en su apogeo.

Es innegable la abierta participación del crimen organizado en el pasado proceso electoral.

Las ejecuciones, secuestros y amenazas dejaron al descubierto las presiones y los oscuros financiamientos que rodearon a muchos candidatos que asumirán gobiernos camuflados de colores partidistas, pero que en realidad responderán a intereses de la delincuencia organizada.

El Presidente ha soltado las riendas de la lucha contra los cárteles de la droga en México arguyendo no querer “la guerra, sino la paz”, aunque ello implique la ejecución de civiles que murieron sin deberla a manos de sicarios que en palabras de ellos, buscaban “calentar la plaza” para intimidar a sus adversarios.

La llamada fuerza nacional se mueve con letargo y estratégicamente en zonas donde sólo hay que contener migrantes, organizar jornadas de vacunación o aplicar planes DNIII frente a inundaciones, pero del resto parecen tener poco interés o bien seguir la instrucción de caminar de manera paralela y sin molestar a quienes operan territorios prácticamente controlados por el crimen organizado.

Tal parece que los grandes operativos donde se decomisaban estupefacientes también quedaron en el pasado sexenal, pues ahora hay silencio extremo sobre las acciones del ejército en los territorios calientes.

Lo que vimos en Reynosa es sin duda la máxima expresión de la falta de control del Gobierno de México ante un crimen organizado que se apresta a tocar a la población civil para controlar nuevas “plazas”.

El gobierno del Presidente AMLO permanece indolente frente a la urgencia de replantear su estrategia de seguridad que a todas luces ya fue rebasada.

Cientos de gobiernos municipales se alistan para entrar en funciones junto a decenas de diputados federales y locales a varios de los cuales no se puede eximir de nexos con organizaciones delincuenciales.

Por lo anterior sería un error negar que el narcotráfico tendrá su cuota gubernamental y legislativa para los próximos meses, lo que se convierte en una riesgosa advertencia para las presidenciales del 2024, donde si nos descuidamos también la delincuencia podría hasta ponernos Presidente.