La Asamblea Nacional Legislativa aprobó el miércoles una controvertida ley de seguridad que les otorga a las autoridades el poder de arrestar sin orden judicial, mientras que los legisladores de la oposición se retiraron en protesta.
“Este proyecto de ley ha sido enviado para una enmienda luego de que fuera rechazado por el parlamento y ahora lo están llevando de nuevo a la Cámara para ser aprobado sin darle a los miembros del parlamento tiempo suficiente para leerlo por completo. No había copias disponibles para cada miembro del parlamento ni siquiera para seguir las actas” dijo el líder de la minoría Andigo Onyoti Nyikwac, de acuerdo con lo que se inormó. Él dijo a continuación que “hay una mano en algún lugar que está empujando, para que el proyecto de ley sea aprobado con todas las irregularidades”
Nyikwac fue el primero en marcharse de la sesión, seguido por un grupo de legisladores de la oposición y miembros del parlamento del conclave regional de Equatoria, dejando en la Cámara solamente a los miembros progubernamentales del parlamento. El proyecto de ley fue aprobado por 165 miembros del parlamento, del total de 333 legisladores, algunos de los cuales abandonaron la sesión. El controvertido proyecto de ley le otorga a las autoridades el poder de arrestar sin orden judicial.
La declaración dice que: “cualquier persona que sea encontrada cometiendo cualquiera de estos delitos contra el Estado, según lo estipulado por el Artículo 5 de este proyecto de ley, o quien fuera razonablemente sospechado de haber cometido, o haber tratado de cometer, o haber comenzado a cometer un delito tal, puede ser arrestada sin una orden judicial, por cualquier policía, y luego quedar detenida”.
El Artículo 5 incluye entre los delitos cualquier actividad relacionada con el espionaje, sabotaje, terrorismo, subversión o intento de involucrarse en tales actividades dirigidas contra, o en detrimento del interés de la nación. También incluye entre los delitos cualquier actividad dirigida a socavar, o tratar de destruir, o derrocar al gobierno constitucionalmente establecido de Sudán del Sur, a cualquier nivel. La Cámara ha rechazado un borrador previo del proyecto de ley por incluir artículos que no armonizaban con la constitución transitoria del país.
El controvertido proyecto de ley de seguridad no pudo ser debatido, por cuanto los miembros del parlamento carecieron de copias a las cuales referirse. “Yo los felicito a todos ustedes por aprobar este importante proyecto de ley, el cual es de gran necesidad para prestar servicio a nuestros ciudadanos” dijo el presidente de la Cámara, Manasseh Magok Rundial. “Este proyecto, cuando se convierta en ley, avanzará mucho en la provisión de seguridad para la gente” agregó él. Algunos miembros del parlamento dijeron que ellos sólo escucharon cuando se leyeron las enmiendas, ya que no había copias del proyecto de ley.
Sudán del Sur ha sido sacudido por la violencia desde el pasado diciembre, cuando el presidente Salva Kiir acusó a Riek Machar, su destituido vicepresidente, de complotar para derrocar a su régimen. Cientos de miles de sudaneses del sur han sido desde entonces desplazados a raíz de los combates entre ambos rivales, llevando a una situación humanitaria crecientemente desesperada para grandes franjas de la población del país. En meses recientes, las facciones en guerra han mantenido intermitentes conversaciones de paz en Adís Abeba, bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo (AIGD), un bloque comercial del Este de África, basado en Djibouti.
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