Indudablemente es duro decir que, en nuestro país, viven cientos de miles o millones de ciudadanos que pasan hambre, por su situación de pobreza y necesidad. Pero es algo que está siendo afirmado por cadenas de radio todos los días. Es evidente que Cáritas, con su conocimiento de primera mano, de la situación de necesidad de numerosos ciudadanos está ayudando todo lo que puede.
Y existen también otras organizaciones repartidas por todo el territorio español, que realizan una excelente labor de ayuda y servicio, a los más necesitados. Pero es el propio estado del bienestar, en el que supuestamente vivimos, el encargado de llevar a la propia realidad, lo que señalan la Constitución y los Derechos Humanos.
Que un dirigente político, Alberto Garzón, el mejor valorado por los ciudadanos diga en el programa televisivo de la Sexta Noche que ha visto comedores sociales con colas de gente, es una muestra evidente de los muy graves problemas sociales que sufre este país. Y todo esto se nota y se percibe en las propias calles y plazas. También es cierto, que la pobreza se puede querer ocultar o disimular, por cuestión de vergüenza y orgullo.
Es necesaria la aprobación de una ley de emergencia social, como la que pretende poner en vigor Podemos, y que también apoya Izquierda Unida. La tremenda desigualdad existente tiene que ser compensada con la renta mínima, mientras se vaya consiguiendo reducir de forma más rápida el paro existente. Nadie se merece vivir pasando hambre, y estando instalado en la pobreza y el desamparo.
Y para evitar que estas situaciones de marginación sigan existiendo se precisan actitudes políticas que se opongan a los recortes en las políticas sociales, ya que son, las verdaderamente importantes y decisivas, para mantener una vida digna para todos los sujetos.
La redistribución de la riqueza es algo fundamental para garantizar que nadie pase hambre en nuestro país, y esto se logra con el subsidio mínimo, con los correspondientes requisitos y condiciones para evitar los engaños y los fraudes. Es un modo de distribuir dinero procedente de los impuestos, de las tasas, etc.
Es cierto que en el territorio español no se llega a la pobreza extrema de la gente que en África se muere literalmente de hambre. Pero es trágico que el derecho a alimentarse adecuadamente sea un derecho, puramente simbólico, para cientos de miles, o millones de compatriotas. La igualdad de derechos no debe ser un simple contenido teórico existente en la Constitución o en los Derechos Humanos, sin plasmación en la realidad.
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