Parece que el Gobierno puede aplicar esta ley para frenar el desafío soberanista catalán.

Y considero que ya debería haberse aplicado hace tiempo para evitar sobresaltos. Está claro que es necesario utilizar esta norma para asegurar el cumplimiento de las leyes y  que se respete el ordenamiento constitucional.

Con la convocatoria del referéndum y las declaraciones al periódico La Vanguardia de Puigdemont es evidente que no se puede esperar más.

El ejecutivo, a mi juicio, tiene que actuar con contundencia e inhabilitar al presidente de la Generalitat y a los altos cargos que lo secunden y suspender al gobierno autonómico catalán, aunque sea temporalmente.

Que Carles Puigdemont afirme que el Estatut está por encima de la Constitución española es algo absurdo y no se sostiene con el Derecho en la mano.

El artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional afirma   que la acción del Estado debe proteger los principios y valores constitucionales. Y están siendo pisoteados por los partidos independentistas catalanes y por la Generalitat. Y esta ley reafirma que el Gobierno del Estado posee la competencia exclusiva en materia de defensa, Fuerzas Armadas y seguridad pública.

Parece bastante probable que esta misma semana del 4 al 8 de septiembre en respuesta a la Generalitat Rajoy, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, se decida a aplicar la Ley de Seguridad  Nacional.

Si se impide la celebración del referéndum es muy probable que algunos dirigentes independentistas impulsen movilizaciones en las calles para protestar. O que surjan de modo espontáneo, pero esto no debe impedir que se garantice el cumplimiento de la ley.

Es  irracional que el presidente de la Generalitat rechace que pueda ser inhabilitado por la preparación de la consulta soberanista. El proyecto para Cataluña del que habla Puigdemont ya está en marcha con la autonomía de la que disfruta el territorio catalán. Y más de la mitad de la población catalana se siente española también.Y esto lo dice la investigación sociológica.

Pero, independientemente, de este tipo de consideraciones lo que es indudable es que no se puede dejar de cumplir el ordenamiento legal vigente.

Que dispongan de más de 6.000 urnas para la consulta ilegal es muy grave. Y que estén desafiando constantemente al gobierno también lo es. No se puede permitir por más tiempo.

El ejecutivo, en mi opinión, está dando la imagen de ser un gobierno con temor al conflicto, a que se desate un problema de convivencia o de algaradas en las calles en Cataluña y de esto mismo se está aprovechando el independentismo.

Con la aplicación de la justicia y el derecho  no se debe temer nada, si se hace con proporcionalidad, rigor y prudencia. Y ser prudente no significa que las medidas sean débiles.

Si es preciso enviar el Ejército o más efectivos policiales para asegurar que un territorio español no se constituya por la fuerza en país independiente se debe de hacer. Es una actitud que servirá para evitar la disgregación de España en reinos de taifas.

El Gobierno está obligado a  cumplir los principios y el articulado de nuestra Carta Magna. Y en ocasiones no sirven las palabras, puesto que hace falta el uso de la fuerza. Las palabras son aire, signos y sonidos, pero los hechos no lo son.

El estado español está absolutamente legitimado por el Derecho Internacional y por la Unión Europea y posee una soberanía sobre todo el territorio indiscutible e indiscutida, ya que está amparada legalmente.

Se puede mirar para otra parte ante el conflicto catalán, pero eso empeorará la situación ya creada. Lo lógico y  racional es usar la fuerza del ordenamiento legal para evitar la desaparición de la indisoluble unidad del territorio español.