La prisión del Govern no significa que existan presos políticos.

Ya está bien de tergiversar las ideas de modo irracional. Ante un incumplimiento manifiesto y flagrante de las leyes y de las sentencias judiciales, la jueza Carmen Lamela ha tomado la decisión de encarcelar a Junqueras y a otros miembros de su Govern.

Una de las cosas más importantes es saber argumentar y razonar. Y parece que se está perdiendo esta capacidad en algunas personas. Existen premisas y una serie de pasos deductivos y se llega a una conclusión desde un análisis lógico.

La magistrada lo ha decidido, entre otras razones, porque durante, al menos, dos años no han obedecido las leyes vigentes en su actuación política y han tomado decisiones absolutamente ilegales sabiendo que lo eran.

Decir que la jueza Lamela es ciega en relación con las circunstancias políticas existentes en Cataluña es mostrar una evidente falta de raciocinio, ya que es la expresión de una argumentación falaz o engañosa. La aplicación de la justicia está por encima de los aspectos políticos. Todos somos iguales ante la ley. Si esto no se respeta se puede decir que todo vale. Y unos planteamientos priman sobre otros por su mayor profundidad, rigor, precisión y significación. Si se hacen excepciones por razones políticas en las decisiones judiciales se suprime totalmente la confianza en la imparcialidad judicial.

No me parecen desproporcionadas las decisiones de la jueza respecto al Govern, ya que lo que ha sucedido ha sido una rebelión y una secesión en toda regla y esto tiene consecuencias penales muy graves. No hace falta ser un experto en Derecho para darse cuenta de ello. Que se pidan penas de cárcel de hasta 50 años da una idea precisa de la magnitud de lo realizado por los acusados.

Además, la huida de Puigdemont a Bélgica abre un panorama que se puede dilatar en el tiempo o no. Ya se irá viendo. El fiscal ya pide orden de detención para Puigdemont y varios exconsejeros que están en Bruselas. Puede cursarse la euroorden de detención y entrega respecto al expresidente de la Generalitat, aunque él se siga considerando presidente de la república catalana. Y aunque se defienda con su abogado y no se haya presentado a declarar ante la justicia como era su obligación, la justicia reaccionará. El gobierno belga parece que está incómodo ante esta situación. Se abre también la posibilidad de la extradición, etcétera.

Ya se ha convocado una huelga general para el día 8 de noviembre. Es un intento más de negar la realidad y el derecho para conseguir que sean puestos en libertad los encarcelados. Los jueces son los que pueden disponer la concesión de la libertad de acuerdo a criterios basados en la interpretación racional de las leyes y no en función de las presiones recibidas. Es preciso confiar en el poder judicial. Los jueces saben entender los agravantes y atenuantes de cada conducta y decisión y juzgan analizando y valorando los datos y el sumario que conocen. Por tanto, estoy seguro de que actuarán de acuerdo con el ordenamiento legal vigente siendo justos en sus decisiones. Además, las garantías procesales existentes en España son máximas y están a la altura de los países más democráticos del mundo.

Que los exconsejeros catalanes pudieran permanecer hasta dos años internados a la espera de juicio es creo que una simple posibilidad especulativa y nada más. Los jueces también son sensibles a estas cuestiones y decidirán lo más apropiado en cada caso. Estoy plenamente convencido de ello. El sistema judicial español es muy garantista y existe, en numerosos casos, la posibilidad de recurrir decisiones o sentencias.