Por Benjamin Witte-Lebhar

El reciente debate sobre una reforma tributaria ha puesto un repentino freno al enérgico retorno de Michelle Bachelet al poder y ha mostrado ser un primer indicio de lo que podría llegar a ser el mayor reto político de su presidencia: transformar su amplia alianza electoral —Nueva Mayoría— en una coalición de gobierno viable.

Al asumir el cargo en marzo pasado, la lideresa centroizquierdista pisó su proverbial acelerador mientras corría para cumplir con su promesa de campaña de llevar a cabo “50 medidas en 100 días”. Para el 18 de junio, la autoimpuesta fecha tope, Bachelet había cumplido con casi todo —91% según sus propios cálculos— la mayoría en la forma de propuestas legislativas. Entre otras cosas, el nuevo gobierno presentó proyectos de ley para reformar el código tributario, revisar el sistema educativo, crear nuevos ministerios (incluyendo el largamente prometido Ministerio de Asuntos Indígenas)— e introdujo una opción en el sector público para complementar el privatizado sistema de pensiones.

Además, Bachelet, quien gobernó el país entre el 2006 y el 2010, ha viajado a EEUU, Argentina y Brasil, ha tenido que hacer frente no sólo a uno sino a dos desastres naturales —un terremoto de 8.0 de magnitud en el norte de Chile seguido menos de dos semanas después por un devastador incendio en el histórico puerto de Valparaíso— y decidió de una vez por todas sepultar el altamente controvertido proyecto HidroAysén, un multimillonario complejo hidroeléctrico en dos de los ríos más grandes y prístinos de la Patagonia chilena.

“Hay que represtigiar la política. Y la política se represtigia también cumpliendo con lo que uno se ha comprometido. Es súper importante recuperar la confianza de la gente en las instituciones democráticas”, dijo Bachelet, de 62 años, en una entrevista con el diario español El País en junio pasado.

¿Empoderando a la derecha?
Sin embargo, el impulso con el que se inició el gobierno ha enfrentado recientemente algunas turbulencias políticas, en gran medida por su propia responsabilidad. El 8 de julio, el ministro de Hacienda Alberto Arenas provocó una oleada de críticas dentro de la propia coalición al anunciar una serie de cambios a la propuesta original de reforma tributaria de Bachelet.

El proyecto de ley original planteaba un cambio radical en la estructura tributaria del país según el cual las grandes empresas, en vez de pagar impuestos sólo sobre las ganancias que retiran, estarían obligadas a pagar un porcentaje de sus ingresos totales. En su versión actualizada, la legislación permite a las empresas a elegir: o continúan con el sistema antiguo, pero pagan un mayor porcentaje sobre sus ganancias declaradas, o empiezan a pagar impuestos sobre sus ingresos totales, pero con ciertas deducciones autorizadas. Tampoco se han incluido en la versión edulcorada del proyecto de ley una serie de nuevos poderes que el gobierno pretendía dar al Servicio de Impuestos Internos, la agencia de recaudación tributaria chilena, como una manera de terminar con la evasión de impuestos.

La legislación, considerada como uno de los llamados “pilares” de la agenda política de Bachelet, fue diseñada para incrementar las arcas públicas por un valor de US$8.2 millardos anualmente y por lo tanto proporcionar los fondos necesarios para financiar las radicales reformas educativas que también ella espera implementar. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo pero todavía está pendiente de ser ratificado por el Senado.

Los cambios son resultado de un acuerdo con los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, encabezada por el senador Ricardo Lagos Weber, ex ministro secretario general de gobierno durante el primer mandato de Bachelet. También forman parte de la comisión legisladores de la coalición opositora Alianza, que presionaron por concesiones a favor de sus electores de la comunidad empresarial, pero no incluye a representantes del sector izquierdista de Nueva Mayoría.

Lagos Weber y Arenas defendieron el acuerdo que hicieron con la derechista Alianza e insistieron que el “corazón” de la reforma —el incremento de los impuestos corporativos y la eliminación de la laguna tributaria conocida como Fondo de Utilidades Tributarias (FUT)— todavía está intacto.

“Hemos alcanzado un acuerdo histórico”, dijo Arenas a la prensa. “Logramos sacar adelante la Reforma Tributaria más compleja y profunda de los últimos 30 años”.

Sin embargo, varios aliados de Bachelet en Nueva Mayoría se pusieron en pie de guerra, acusando al gobierno de doblegarse ante las presiones de la derecha y de intereses empresariales, y de excluir conscientemente a los grupos de izquierda como el Partido Comunista (PC), en el proceso de toma de decisiones. También afirmaron que el acuerdo tributario empodera a la Alianza, que recibió un duro golpe político en las elecciones presidenciales y legislativas del año pasado, y establece un decepcionante precedente con respeto a otras propuestas de reformas de Bachelet, en particular su proyecto de ley de educación, que sin duda la derecha también quiere que fracase.

“Las cosas se harán de modo distinto”
Quizás el mayor problema del acuerdo, advierten críticos de Nueva Mayoría, es que plantea serios cuestionamientos sobre la propia viabilidad de la coalición. Hasta hace poco, la centroizquierda chilena se autodenominaba Concertación. La agrupación de cuatro partidos, forjada en los últimos días de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), ganó cuatro elecciones presidenciales consecutivas antes de finalmente sucumbir ante la Alianza en los comicios del 2010. Su desempeño como grupo opositor fue pobre y fue eclipsado —en términos de popularidad— por las protestas estudiantiles y otros movimientos sociales que se volvieron cada vez más activos durante el mandato del ex presidente Sebastián Piñera (2010-2014).

Con eso en mente, Bachelet optó durante su campaña por la reelección ampliar la Concertación hacia la izquierda e incorporar al PC y otras fuerzas progresistas previamente marginadas. Esos grupos aceptaron respaldar su candidatura con la esperanza de que ella cumpliría con las promesas de llevar a cabo profundas reformas estructurales, particularmente al sistema educativo chileno, ampliamente criticado por su inconsistencia, tanto en lo que en calidad se refiere, como en lo prohibitivamente caro que es en algunos casos, sobre todo a nivel universitario.

Bachelet trató de consolidar el pacto al entregar al PC el primer cargo ministerial desde 1973, cuando Pinochet derrocó al entonces presidente Salvador Allende (1970-73), nombrando a Claudia Pascual Grau, dirigente comunista, como ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), y a Víctor Osorio, de la Izquierda Ciudadana (IC), como titular del Ministerio de Bienes Nacionales. Sin embargo, algunos observadores tienen razón en preguntarse cuánto poder e influencia están dispuestos a conceder Bachelet y sus antiguos aliados de la Concertación a sus nuevos socios en la coalición. Quizás no mucho, a juzgar por el manejo del gobierno del proyecto de ley de reforma tributaria.

Al menos por ahora, el PC y la IC le están dando a Bachelet el beneficio de la duda. Pero mientras se prepara para su próxima gran movida política, su gobierno debe hilar muy fino. La paciencia puede ser una virtud, pero también puede tener una fecha de expiración.

“De alguna manera nos hemos sentido perjudicados”, dijo Guillermo Teiller, presidente del PC, luego de una reunión sostenida el 14 de julio con el ministro Arenas. “El compromiso que tenemos con el ministro es que de ahora en adelante las cosas se harán de modo distinto”.

Fuente: Noticias Aliadas