Un ex director de Petrobras fue sentenciado el martes a cinco años de prisión, bajo cargos de lavado de dinero.

La sentencia contra Nestor Cerveró, que se cumplirá inicialmente en una cárcel cerrada, fue dictada por el juez federal Sergio Moro, responsable de los cargos criminales en la Operación Lava Jato, Lavadero de Coches –la investigación en curso de una vasta trama de corrupción centrada en Petrobras, el gigante petrolero brasileño administrado por el estado.

Cerveró – jefe de operaciones internacionales de la compañía más grande del Brasil entre 2003 y 2008 – fue acusado en febrero de aceptar sobornos para ayudar a grandes empresas de construcción e ingeniería a asegurarse inflados contratos con el gigante petrolero. La diferencia fue supuestamente apartada y canalizada en parte hacia partidos políticos, con ejecutivos y cambistas que también se hacían ricos en el proceso.

Los fiscales acusaron a Cerveró, quien fue arrestado en el aeropuerto de Río en enero, de adquirir un lujoso apartamento en la ciudad con los fondos mal habidos, transferidos a través de compañías offshore en Uruguay y Suiza. La propiedad fue valuada en entre 7 y 7.5 millones de reales (2.2 – 2.4 millones de dólares estadounidenses), de acuerdo con los medios locales. Los fiscales alegaron que Cerveró – quien todavía enfrenta cargos de corrupción – usó una compañía que poseía, Jolmey do Brasil, como fachada para sus actividades ilegales.

Los fiscales federales dicen que él y Fernando “Baiano” Soares – quien también está enfrentando procedimientos criminales – están bajo sospecha de haber recibido 40 millones de dólares estadounidenses en sobornos de contratos de Petrobras, entre el 2006 y el 2007. El escándalo ha conmovido a Petrobras, y resultó en muchos arrestos y, más recientemente, en condenas, principalmente de ejecutivos de la industria de la construcción, bajo cargos de corrupción y lavado de dinero. Muchos han aceptado negociar los cargos, para asegurarse sentencias más leves.

También recientemente los investigadores se han movilizado para poner a los políticos en la mira, luego de que la Corte Suprema autorizara a principios de este año investigar a 47 políticos, 32 de los cuales están en funciones, incluyendo a los jefes titulares de las dos cámaras del congreso y a un ex presidente.

El escándalo ha sido particularmente incómodo para la presidente Dilma Rousseff, quien presidió la junta de directores de la compañía durante muchos de los años en que supuestamente tuvo lugar la malversación. Ella ha negado haber tenido algún conocimiento de la trama en ese momento.